Audios, videos y política

Hace 43 años, en 1972, unos audios revelaron que el entonces presidente norteamericano Richard Nixon, era culpable de obstrucción de la justicia, lo que lo hacía cómplice del allanamiento del local del Partido Demócrata en el famoso edificio Watergate. Los reportajes y revelaciones de dos periodistas del Washington Post sobre esta pistola humeante (como se llamó a las cintas), respaldadas por un propio personaje de la Casa Blanca a quien se denominó “Garganta Profunda”, causaron la dimisión del polémico Jefe de Estado.

chuponeo

A partir de entonces, cientos de crisis políticas en distintos países han tenido como protagonistas a grabaciones en audio o video, generando renuncias, y en algunos casos enjuiciamientos, de autoridades “pescadas” en la comisión de faltas, irregularidades, y hasta delitos.

En nuestra patria, esta práctica conocida como “chuponeo”, discutible si entramos al tema de la ética y al hecho que fuera de eufemismos se está violando la intimidad de las personas y el secreto de las comunicaciones privadas, ha devenido en cotidiana, y prolifera cada vez con mayor énfasis, sucediéndose una serie de escándalos y “magalizando” la política, pues un ampay grabado para radio o TV, puede mandar al tacho una otrora respetable carrera hacia la cumbre.

La mayor hecatombe a causa de esta herramienta, se produjo el 14 de septiembre del 2000, cuando se difundió el video en el que se ve a Vladimiro Montesinos, ex asesor de Fujimori, entregando dinero a Alberto Kouri, un congresista de oposición, en una salita del Servicio de Inteligencia.

Los famosos “petroaudios” durante el régimen anterior causaron la caída del gabinete ministerial que presidía Jorge Del Castillo. Más o menos por esas épocas también, un desafortunado comentario hecho público de la entonces candidata pepecista a la Alcaldía de Lima, Lourdes Flores Nano, la sacó de carrera cuando su eventual triunfo sobre Susana Villarán estaba cantado en todas las apuestas.

En este gobierno ha habido no pocas crisis por revelaciones obtenidas clandestinamente. La debacle del gabinete Cornejo por unos correos electrónicos filtrados, los DINI Leaks, los enfrentamientos entre  la ex procuradora Yeni Vilcatoma con el entonces Ministro de Justicia Daniel Figallo por el tratamiento al prófugo Martín Belaúnde Lossio, el caso del espionaje chileno, y recientemente el conflicto social en Islay entre manifestantes anti mineros y la empresa Southern.

Los artificios armados para captar la atención mediática vía denuncias que ahora las redes sociales explotan al máximo en cuestión de minutos, son peligrosos, y este conflicto lo confirma. De uno y otro lado se busca la descalificación del oponente, y para eso se echa mano de las herramientas mencionadas arriba y otras más, en una lucha sin cuartel para lograr que la ciudadanía crea una de las versiones. Y en ese campo, es obvio que ganará quien más invierta.

Y cuando el Estado interviene para mediar entre ambas partes, debemos ser más vigilantes aún, pues puede ocurrir siempre la tentación de que las negociaciones cambien de cariz para supeditar el rédito político a los beneficios económicos. El hecho que unos malos policías intentaran sembrar un arma punzo cortante en uno de los campesinos detenidos, y que tuvieran fotógrafo exclusivo, de un prestigioso medio limeño, o que ahora salgan unos audios en los que se involucra a un dirigente de la protesta con un supuesto “acuerdo bajo la mesa” para levantar el paro a cambio de una fuerte suma son noticias impactantes y efectistas.

Pero a quienes tenemos años analizando el modus operandi de los políticos tradicionales, y los nuevos (que aprenden rápido) no se nos engaña fácilmente. El cancerbero de los anti mineros, Daniel Urresti, dejó la posta a un Ministro  del Interior que parecía más dialogante y ecuánime, José Pérez Guadalupe, pero el hecho de los policías “sembradores” y el que salga a decir que el dirigente Pepe Julio Gutiérrez es un delincuente que quiso llenarse de plata levantando la medida de fuerza, deja mucho que desear.

¿Por qué? Porque ni la Southern se ha pronunciado al respecto ni lo ha denunciado. De ser cierto, habrían acabado en un tris con el tema, exponiendo ellos a Gutiérrez. ¿Para qué necesitan de vocero oficioso a un Ministro? ¿No será más bien que el audio, que ahora se puede montar con un equipo mínimo y editarlo, lo que en el fondo revelaría es un ofrecimiento por parte de la empresa? ¿Y habrá audios de las conversaciones y “pedidos de garantía” de ésta a representantes del gobierno, con promesas de gastos operativos pagados, Sr. Ministro? A tener cuidado con las denuncias hoy en día. El engaño y la manipulación se han sofisticado.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s